La Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), solicitó al Órgano Ejecutivo y Legislativo de su país para modificar la obligatoriedad enunciada en el artículo 7 de la Ley Bitcoin o en su defecto excluir al sector del mismo.
El Art.7 de la ley, establece que «todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio», lo cual ASTIC afirma que rechaza de forma rotunda. El próximo siete de septiembre entra en vigencia la legislación que convierte el bitcoin en moneda de curso legal.
«Ningún transportista de Centroamérica que sea contratado por una entidad económica en El Salvador aceptará como forma de pago el bitcoin, creando divisionismo en el sector por pagar al extranjero en dólares y al nacional por estar obligado con la criptomoneda», expuso la asociación en un comunicado.
«Nuestra fuente de ingreso son los pagos de los fletes por parte de nuestros clientes, que, limitándonos a recibir bitcoin por obligación, nos forzará a utilizar este tipo de monea en Centroamérica cosa que es inaudita», agregó la gremial.
El flete es el costo que los transportistas cobran por alquilar sus vehículos y movilizar mercancías en ellos. De no recibir una respuesta a la propuesta, los transportistas señalaron que podrían incrementar un 20 por ciento al valor del flete.
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«La suspensión de sus servicios a nivel de Centroamérica y exigir el pago de nuestro servicio de estricto contado a sus clientes», son otras de las medidas que están considerando.
La gremial lamentó que la ley fuera aprobada «sin las consultas correspondientes», medida que los afectaría económicamente. En lo que va del 2021, el sector también ha sido afectado con el alza que el precio de los combustibles. Desde enero, el galón de diésel en la zona central ha aumentado un 28.3 por ciento, equivalente a 0.70 centavos de dólar.
Por qué el bitcoin en El Salvador
Desde su anuncio y aprobación, en junio pasado, la ley ha generado diferentes reacciones por las implicaciones que tendría en la economía salvadoreña y las dudas generadas por la ley en torno a si será obligatorio o no que los comercios acepten la criptomoneda.
«Esto es algo que vino para quedarse y lo único que nosotros lamentamos es que se haya hecho de ‘shock’ (improvisto) y sin la preparación necesaria como para poder culturizar al salvadoreño común, al sistema económico, financiero, entre otros como para el manejo», manifestó el 25 de agosto de 2021, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cader.
La ASI no es la única que se ha pronunciado ante la decisión de adoptar la criptodivisa. La semana pasada, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) proponía retrasar la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin y que se contara con, al menos, un plazo de 60 días para su implementación a partir de la fecha en que se diera a conocer su reglamento.
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*Con información de El Economista
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