Bajo la iniciativa 5431, en el Congreso de la República de Guatemala se discute la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial, la cual, entre otras, crea una pretende mejorar la capacidad del Estado para tener más carreteras y caminos rurales.
Uno de los aspectos que contempla la nueva ley, en su artículo 11, es que no podrán cobrarse peajes en carreteras ya existentes.
Se estima que la medida permitirá la creación de unos 70 mil empleos formales anuales en todo el país, así como el aumento del ritmo de nuevos kilómetros de construcción de carreteras: pasarían de construirse 215 kilómetros a 2 mil en ese mismo lapso.
Otra de las novedades es que se establece la modalidad de contratos de pago por disponibilidad, lo que significa que el Estado no pagará a la empresa constructora hasta que se haya concluido todo el tramo carretero pactado.
La ley otorgará un nuevo rol a la Dirección General de Caminos como parte del Sistema Nacional de Infraestructura. Tendrá la tarea de supervisar y dar mantenimiento a los proyectos, así como la atención de emergencias, estableciéndose un aporte extraordinario de más Q 420 millones para operación y compra de maquinaria y equipo para cumplir tales funciones.
Actualmente, la iniciativa se encuentra pendiente de aprobación en segunda lectura en el pleno legislativo.
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