La Agencia calificadora de riesgo S&P Global Ratings, informó en su reciente informe que mejoró la calificación de riesgo crediticio de Guatemala de BB- (con perspectiva positiva) a BB (con perspectiva estable).
La resiliencia en la estabilidad macroeconómica de larga data de la economía guatemalteca, fue una de las principales características en las cuales se enfocó la Agencia calificadora a la vez, tomó en cuenta varias características relevantes de la economía del país que constituyen fortalezas crediticias, como la sólida posición externa, el nivel moderado de la deuda pública respecto del Producto Interno Bruto y una política monetaria prudente.
“La perspectiva ‘estable’ refleja la expectativa de que el manejo macroeconómico cauteloso continuará prevaleciendo en el corto y mediano plazos, a pesar de las condiciones externas poco favorables y de las elecciones generales programadas para junio del presente año”, declara el comunicado de prensa del Banco de Guatemala.
La agencia señala que la recaudación tributaria se ha fortalecido durante los últimos dos años, incrementando la carga tributaria (respecto del PIB) de 10.7 por ciento en 2019 a 12.1 por ciento en 2022, debido a mejoras observadas en la administración tributaria.
“También indica que la política monetaria de Guatemala continúa reflejando el mandato del Banco Central enfocado en el control de la inflación, así como su independencia operacional, lo cual se ha materializado en un aumento de 300 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria, desde mayo de 2022, y permite esperar que la tasa de inflación interanual converja al punto central de su meta a finales de 2024”, puntualizó el comunicado del Banguat.
Además, el informe detalla que la calificación crediticia del país podría mejorar en el corto o mediano plazo si el entorno político y la implementación de políticas económicas favorables elevan la confianza de los inversionistas, induciendo un crecimiento económico mayor al esperado, aunado a un avance gradual en el fortalecimiento del marco regulatorio y legal del país, para reducir la incertidumbre y fortalecer el estado de derecho.
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