La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo es una medida indispensable para fortalecer la institucionalidad, proteger la estabilidad económica del país y evitar que Guatemala continúe expuesta a riesgos que amenazan su reputación y competitividad internacional.
Actualizar la normativa vigente para incorporar de manera precisa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) constituye un paso técnico, estratégico e impostergable que Guatemala debe asumir con responsabilidad. La falta de adecuación a estos estándares internacionales expone al país a sanciones, restricciones financieras y a un deterioro de la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos internacionales, además del riesgo real de que Guatemala sea incluida en la denominada “Lista Gris” de GAFILAT por no cumplir con estos estándares.
Las consecuencias para la economía nacional de ingresar a la “Lista Gris” serían severas y afectarán directamente a millones de guatemaltecos: desde mayores costos y posibles limitaciones en el envío de remesas hasta la pérdida de corresponsalías bancarias y mayores obstáculos para realizar transacciones internacionales, generando un impacto negativo en la competitividad, la inversión y la estabilidad económica del país durante años.
Para el sector empresarial organizado, la prevención del lavado de dinero representa un compromiso ético, económico y social. El capital ilícito distorsiona los mercados, destruye la competencia leal, infiltra instituciones y erosiona la confianza en el Estado de Derecho. El dinero proveniente del crimen no genera desarrollo: corrompe, intimida y captura espacios que pertenecen a los ciudadanos honestos.
El lavado de dinero es, además, uno de los principales mecanismos que permite al crimen organizado expandirse y perpetuarse. Frenar el flujo de recursos ilícitos significa proteger la seguridad ciudadana, la paz social y el futuro de miles de familias que dependen de una economía transparente y estable.
Durante meses, distintos sectores hemos participado en discusiones técnicas, presentado observaciones, construido consensos y agotado todas las vías institucionales para que este proyecto de ley sea aprobado. Los principios y alcances de esta iniciativa han sido ampliamente discutidos y explicados en el Congreso de la República. No existen excusas válidas para seguir retrasando una decisión que el país necesita con urgencia.
Reconocemos y valoramos el trabajo realizado por diputados y actores que han respaldado esta iniciativa desde su inicio. Sin embargo, Guatemala no puede permitir que intereses perversos, particulares o vinculados a estructuras que se benefician de la opacidad continúen bloqueando una legislación fundamental para la protección del sistema económico nacional. Los guatemaltecos honestos no debemos pagar las consecuencias de quienes buscan debilitar los controles en materia de prevención de lavado de dinero.
Por ello, hacemos un llamado urgente al Honorable Congreso de la República para aprobar esta iniciativa de ley con la prontitud que el país demanda.
Señoras y señores diputados: la ciudadanía, el sector productivo y todos los guatemaltecos que aspiramos a un país más seguro, competitivo y próspero estaremos atentos a su actuar. La aprobación de esta ley representa un avance decisivo para fortalecer la institucionalidad, resguardar la reputación internacional de Guatemala y garantizar que la prosperidad nacional continúe siendo resultado del trabajo honesto, la innovación y el esfuerzo productivo.
El país necesita una legislación moderna, robusta y alineada con los estándares internacionales. Aprobar esta ley no es opcional: es un acto de responsabilidad con el presente y un compromiso ineludible con el futuro de Guatemala.
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