Después de más de cinco décadas sin una legislación integral para planificar, regular y desarrollar la infraestructura portuaria, Guatemala abrió una nueva etapa para su sistema logístico. El Congreso de la República aprobó el 5 de agosto de 2026 el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, con 123 votos a favor y 36 enmiendas incorporadas durante su discusión final.
La aprobación responde a un rezago acumulado durante décadas. Mientras el comercio exterior y el volumen de mercancías crecieron, la infraestructura, la capacidad instalada y la coordinación institucional no avanzaron al mismo ritmo. La ausencia de una entidad rectora nacional y de reglas claras para desarrollar nuevos proyectos limitó la inversión, retrasó la ampliación de las terminales y mantuvo un modelo fragmentado, con consecuencias para exportadores, importadores y consumidores.
Los datos muestran la dimensión del desafío. Entre 2000 y 2024, la carga movilizada por el sistema portuario guatemalteco aumentó 190 %, mientras que el movimiento de contenedores creció 274 %. (estudio de AGEXPORT sobre el rezago operativo de los puertos de Guatemala); Sin embargo, la capacidad portuaria no se expandió de manera proporcional para atender esa demanda.
«Desde hace más de un año venimos alertando que, si no se aprueba una ley de puertos que permita la construcción de nuevos puertos, ya sean privados, público-privados o públicos, estaremos llegando al límite de la capacidad de Guatemala para exportar e importar. Eso representará un enorme detrimento para la economía«, afirmó Carlos Arias, presidente del Cacif.
Cada demora portuaria incrementa los costos de transporte y almacenamiento, retrasa el ingreso de materias primas y reduce la capacidad de las empresas para competir. El problema no termina en los muelles: afecta a productores, transportistas, industrias y hogares, porque los sobrecostos logísticos pueden trasladarse al precio final de los bienes.
La experiencia regional
¿Por qué considerar la ley portuaria como una herramienta?
La Ley General del Sistema Portuario Nacional ofrece a Guatemala un marco para ordenar la planificación y supervisión del sector, ampliar la infraestructura y generar certeza jurídica para nuevas inversiones. La ley establecerá una institucionalidad especializada y mecanismos para incorporar operadores mediante alianzas público-privadas, puertos privados y otras modalidades de inversión.
El sector privado considera que la ley no debe entenderse únicamente como una reforma de los puertos, sino como una política de competitividad. AGEXPORT, CACIF, cámaras empresariales, organizaciones agrícolas, transportistas, constructores y centros de pensamiento coinciden en que su implementación puede reducir costos, facilitar el comercio exterior, atraer inversión y generar empleo. También advierten que los puertos deben conectarse con carreteras, accesos, transporte terrestre y centros logísticos.
¿Qué viene después?
La aprobación legislativa es el punto de partida. Las siguientes etapas incluyen la sanción y publicación del decreto, la elaboración de sus reglamentos, la conformación de una Autoridad Portuaria Nacional con independencia técnica y la definición de una cartera priorizada de inversiones.
“Hicimos un inventario de alrededor de 20 pasos que siguen para que entre en materia esta Ley.” aseguró la Directora de Incidencia del entorno exportador de AGEXPORT, Claudia de Del Águila
Entre los proyectos que deberán articularse están los mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. La transformación dependerá de convertir el nuevo marco jurídico en instituciones funcionales, inversión, mayor capacidad y mejoras medibles en tiempos y costos.
Después de 50 años de rezago normativo, Guatemala cuenta con una herramienta para actualizar su sistema portuario. El siguiente desafío será implementarla con visión de Estado, capacidad técnica y continuidad de largo plazo.
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