Más de 400 tramos carreteros afectados por derrumbes, deslizamientos y desagües obstruidos durante 2025 reflejan un desafío que va más allá de la movilidad. Para el sector exportador, cada interrupción en la red vial representa mayores costos logísticos, retrasos en las entregas y una pérdida de competitividad frente a otros países, en un contexto donde esos sobrecostos no pueden trasladarse al precio final de los productos.
Con la temporada de lluvias, la capacidad logística del país vuelve a ponerse a prueba. Los daños registrados este año se suman a los más de 700 tramos afectados en 2024, mientras entra en vigor la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, un marco legal que busca agilizar el desarrollo de corredores estratégicos para el país.
El Decreto 29-2024, vigente desde el 1 de julio de 2026, creó la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) para planificar y ejecutar obras prioritarias. El mecanismo de financiamiento establecido en el artículo 92 entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Para Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT, una carretera forma parte de la cadena de valor de las exportaciones, ya que conecta fincas, centros de acopio, plantas de producción, aduanas, puertos y aeropuertos. Cuando una vía se deteriora, aumentan los tiempos de traslado y los costos logísticos, comprometiendo el cumplimiento de los mercados internacionales.
A diferencia del mercado local, donde parte del incremento en los costos puede trasladarse al consumidor, los exportadores compiten con precios definidos por el mercado internacional, asegura la Directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT. Esto significa que cualquier retraso o sobrecosto reduce la competitividad de Guatemala frente a otros países.
Desde la perspectiva del sector exportador, la DIPP debe enfocarse en consolidar corredores logísticos que articulen comunidades, centros de producción, puertos y fronteras, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y los costos de transporte. Sin embargo, De Del Águila considera que el desafío no radica únicamente en invertir más recursos, sino en mejorar la planificación, licitación, adjudicación y mantenimiento de la infraestructura.
Añadió que un sistema permanente de monitoreo e inversión permitiría anticipar los daños provocados por las lluvias, en lugar de responder cuando las carreteras ya se encuentran afectadas.
«Una carretera en buen estado permite que el agricultor venda, que la industria produzca y que el exportador cumpla sus contratos internacionales. La infraestructura vial no solo fortalece la competitividad del país, también genera mayores oportunidades para el desarrollo de todos los guatemaltecos», concluyó la Directora de AGEXPORT
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