Carreteras | A finales del año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP), un hito que promete transformar la planificación, construcción y mantenimiento de las principales carreteras del país (las CA), por donde circula el 70 por ciento del tránsito.
Sin embargo, la aprobación de la ley es sólo el primer paso. Lo que sigue es un esfuerzo sostenido de los sectores público y privado para implementar el nuevo modelo. En este 2025, eso implica tres tareas clave para poner en marcha la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP).
La primera es la habilitación financiera de la DIPP. Aunque técnicamente sencilla, requiere que varias instituciones activen los mecanismos legales y administrativos necesarios para que esta nueva dirección desconcentrada pueda operar. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas debe habilitar nuevas partidas presupuestarias y actualizar sus reglamentos, como lo exige la LIVP, algo que aún no ha sucedido.
La segunda es la aprobación de los reglamentos que regirán el funcionamiento de la DIPP. El más urgente es su reglamento interno, que debe definir estructuras y complejos procesos administrativos y financieros inéditos en el país. Esta tarea técnica y sensible recaerá sobre el Directorio de la DIPP, que deberá apoyarse en asistencia técnica de primer nivel en infraestructura y finanzas, acorde con las mejores prácticas internacionales.
El tercer elemento es el recurso humano. La DIPP lo necesitará de altísimo nivel, con experiencia técnica y comprensión profunda de la administración pública, finanzas e infraestructura.
Esto será clave para implementar la nueva institucionalidad, cuyo funcionamiento completo se espera hacia 2028, cuando principie la licitación del primer plan vial.
Todo el proceso es secuencial para asegurar que el equipo directivo pueda comenzar funciones.
Las autoridades tienen hoy la oportunidad de MOVER estas tres piezas clave y transformar, finalmente, la infraestructura vial del país.
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