¿Cómo invertir en infraestructura vial puede generar empleos?

En el mundo las diferentes medidas para frenar la propagación del COVID-19 han dejado diferentes heridas económicas. En Guatemala, un panel de expertos conversó sobre cómo invertir en construcción de infraestructura vial puede generar empleos de manera rápida. En esta nota ofrecemos algunos de esos argumentos.

Según el investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Jorge Benavides, la red vial del país crece a razón de 216 kilómetros por año. Esto es insuficiente, dado que el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, contempla que el país tiene una brecha vial que demanda pasar de 17 mil 440.23 kilómetros existentes a 37 mil 951.89 kilómetros, siendo necesario invertir en 21 mil 165.29 kilómetros nuevos y la reclasificación de 7 mil 691.67 kilómetros.

Es decir, es necesario pasar de 216 kilómetros por año a 1 mil 500 para cubrir esa brecha en un período de 20 años (equivalente a cinco administraciones de Gobierno). De lo contrario, con la velocidad actual de eficiencia, pasarán 134 años antes de cubrir esa necesidad.

Aunado a ello, la Gerente de Competitividad de AGEXPORT, Claudia de Del Águila, afirmó que hay alrededor de 2 millones de agricultores, para quienes las carreteras son clave. “Pero no son solo ellos, la industria del turismo también necesita de infraestructura vial en buen estado y todos los artesanos que envían sus productos, por mencionar algunos”, agregó.

De Del Águila ejemplificó: Si hay buenas carreteras, es útil para el productor agrícola porque se exporta más rápido y por lo tanto sus productos tienen más vida en anaquel. Eso mejora la competitividad.

La propuesta que promueve Fundesa consiste en construir una red vial moderna y acorde a las necesidades de desarrollo económico y social de todo el país, lo que necesariamente lleva a invertir en la mejora de los corredores logísticos existentes (red vial primaria), ampliar la conectividad local (red vial secundaria) y dinamizar la economía local por medio de caminos rurales (red vial terciaria).

Como parte de la estrategia de reactivación económica, se tiene contemplado promover en los siguientes meses la movilización de US$ 1 mil 500 millones en proyectos viales, generando un estimado de 200 mil nuevos empleos directos e indirectos.

A raíz de ello desde el 2017 se trabajó para presentar en el Congreso de la República la iniciativa de la Ley General de Infraestructura Vial (5431). Esta contempla cinco grandes principios para cambiar el modelo de construcción:

1. Se crea una nueva Superintendencia de Infraestructura Vial. Trabajará coordinadamente con el ente rector, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la Dirección General de Caminos (DGC), la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), y las distintas municipalidades que se constituyen como responsables de una parte importante de la red vial.
2. Derecho de vía. Apegándose al cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 (Propiedad Privada) y 40 (Expropiación) de la Constitución Política de la República de Guatemala, se desarrolla un procedimiento que faculta al Estado a adquirir el derecho de vía en caso de que se declare de utilidad pública la construcción de un tramo en específico de la red vial y haya incidentes que retrasen la realización de la inversión.
3. Un nuevo modelo de contratación, definiendo la figura del desarrollador. En un proceso competitivo de licitación y adjudicación de proyectos de infraestructura vial, se designa al desarrollador como la figura responsable no sólo de la construcción del tramo, sino como responsable de su operación, mantenimiento y reparación. El Estado sigue siendo el propietario de la red vial, pero solamente se hacen desembolsos conforme de garantice la operación con altos estándares de calidad.
4. Se garantiza la certeza jurídica y la transparencia en cada uno de los contratos. Al ser el desarrollador quien adquiere el riesgo al inicio de la obra, y teniendo que aportar capital y recurrir a deuda para iniciar operaciones, se crea la figura del Contrato de Infraestructura Vial, siendo el instrumento que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones, delimitando el actuar del desarrollador y velando por la preservación y consecución de los intereses del Estado.
5. Se garantizan los recursos de la entidad responsable del desarrollo de la infraestructura vial. Dotándole de suficientes recursos a la entidad a cargo, se consideran privativos todos los fondos asignados para el desarrollo de infraestructura vial, habiendo la posibilidad de recibir recursos provenientes de fuentes ordinarias y extraordinarias, a la vez que se hace una modificación progresiva de la adjudicación del Impuesto a la Distribución de Derivados del Petróleo (IDP). El uso de estos recursos contempla la construcción de obras, pero también fondos para estudios, atención de emergencias y desarrollo de proyectos en el área rural.

Actualmente, Guatemala es el país con mayores rezagos de la región en cuanto a inversión en red vial (14.11 por ciento del PIB), extensión de la red vial (1.02 metros por habitante), densidad de la red vial (157.98 metros por Km2 de superficie), calidad de la red vial (posición 132 de 141 países según el Foro Económico Mundial), conectividad de la red vial (posición 134 de 141 países según el Foro Económico Mundial), y velocidad del transporte de carga (37.44 Km/hora, perdiendo más o menos 1 Km/hora por año).

Para el economista del Central American Business Intelligence, Paulo de León, el sector de construcción es el que más “contamina positivamente” a todos los sectores, genera una huella económica grande.

“Creemos que con una ley aprobada, el país podría crecer entre 1.5 y 2 por ciento del PIB más al año. Además, de aprobarse, generaría un efecto de expectativa. En economía esto es importante y es clave para salir adelante de esta crisis mundial sin precedentes en la historia reciente”, puntualizó.

La iniciativa 3451 que contiene la Ley General de Infraestructura Vial, ya pasó por un en primer debate en el pleno Congreso de la República, a falta de dos sesiones de discusión más para su aprobación final.