Aranceles | La política arancelaria de Estados Unidos atraviesa una de sus etapas más decisivas. El reciente fallo de un Tribunal Federal de Apelaciones que declaró ilegales varios de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump ha dejado a importadores, exportadores y operadores logísticos frente a un escenario cargado de dudas.
Si la decisión judicial entra en vigor el 14 de octubre de 2025, el gobierno estadounidense estaría obligado a reembolsar miles de millones de dólares en gravámenes cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). De acuerdo con Bloomberg Economics, el impacto podría reducir a la mitad la tasa arancelaria efectiva promedio, actualmente en 16.3 por ciento.
Importadores entre la espera y la incertidumbre por aranceles
Aunque no se han reportado cambios inmediatos en la operatividad logística, la preocupación es evidente. Paul Brashier, vicepresidente de ITS Logistics, reconoció que “por el momento no hemos escuchado mucho ni visto ningún cambio”, aunque admitió que el sector se mantiene en alerta.
El gran interrogante gira en torno a los posibles reembolsos de aranceles. Según Mike Short, presidente de transporte global en C.H. Robinson, el procedimiento podría ser automático, pero no descarta que se requieran solicitudes individuales, lo que duplicaría la carga de trabajo en equipos aduaneros y alargaría los tiempos de respuesta.
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El frente legal y la reacción política
Ante este panorama, el presidente Trump solicitó a la Corte Suprema una revisión acelerada del fallo. En declaraciones recientes advirtió que sin los aranceles “el país perdería fuerza en sus acuerdos comerciales”, y defendió la legitimidad de su estrategia como herramienta de presión económica.
Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro, expresó confianza en que el máximo tribunal respaldará el uso de la IEEPA. Sin embargo, no descartó alternativas: nuevos gravámenes dirigidos a sectores estratégicos como el acero y el aluminio, o incluso el impulso de reformas legislativas en vísperas de las elecciones locales de noviembre.
Impacto fiscal y comercial
La exdirectora de la Oficina de Relaciones Comerciales de la CBP, Felicia Pullam, advirtió que devolver lo recaudado impactaría directamente en las finanzas públicas: “Los fondos recaudados por aranceles no tienen un destino específico; reembolsarlos incrementaría la deuda, como cualquier otro gasto federal”.
La magnitud de los ingresos explica la resistencia de la administración a renunciar a ellos. Alan Baer, director ejecutivo de OL USA, recordó que la Casa Blanca recauda más de 30,000 millones de dólares mensuales en impuestos aduaneros, lo que convierte a los aranceles en una fuente nada despreciable de recursos fiscales.
Efectos en las cadenas de suministro
Mientras tanto, el comercio internacional ya refleja tensiones. El Baltic Freightos Index (FBX) muestra una caída significativa en las tarifas de fletes desde Asia hacia EE. UU.: los precios en la ruta hacia la Costa Oeste se redujeron a 1,744 dólares /FEU, el nivel más bajo desde diciembre de 2023. En la Costa Este, el descenso acumulado fue de 34 por ciento en agosto.
Según analistas como Lars Jensen, de Trade Partnership Worldwide, los importadores deberán convivir con un clima de inestabilidad prolongado. “Un fallo adverso podría incluso abrir la puerta a demandas de reembolso, algo que cambiaría radicalmente la gestión de la cadena de suministro”, explicó.
Más allá del desenlace judicial, especialistas coinciden en que la política arancelaria ya se consolidó como una herramienta permanente de presión comercial. Michael Lowell, socio de la firma Reed Smith, lo resume de forma tajante: “La inestabilidad arancelaria se ha convertido en norma; nuevas tarifas pueden surgir en cualquier momento”.
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*Con información de MundoMarítimo
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