Guatemala, 27 feb (DE).- “Habría que empezar por tener una agenda en realidad. Hasta ahora no se vislumbra cuáles serán las prioridades o a qué se le dará atención”, responde el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), David Casasola, al preguntarle sobre cuál es la agenda que el Gobierno debiera seguir en materia económica para este año.

Ello coincide precisamente con la queja más recurrente del sector empresarial. Según una encuesta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el 28.6 por ciento de los empresarios creen que la carencia de una política económica incidió en la desaceleración de la economía nacional en 2016, además de una débil certeza jurídica (28.6).

No obstante, el titular del Ministerio de Economía (Mineco), Rubén Morales, sí presentó una política económica. “Debemos hacer más inversión pública y estamos convencidos que elevar la productividad de las personas, lo que llamamos Productividad Mejorada, es la clave del crecimiento económico incluyente y sostenible”, afirmó.

La directora de la Unidad Económica del CACIF, Claudia Galán, piensa que, aunque el Mineco, en efecto, presentó “un documento, no es sólo eso, sino se trata de qué ejes se trabajarán y ver cuáles se trabajarán en 2017”.

El crecimiento del país no basta para poder hablar de desarrollo, afirmó Galán. “Sabemos que crecemos por el lado del consumo, el cual es impulsado por el envío de remesas con crecimientos récords (Q 7.2 millardos en 2016). Sin embargo, debemos invertir más. Necesitamos crecer al 6 por ciento al menos”, refirió.

De acuerdo al Banco Mundial, Guatemala creció en 2016 alrededor de 2.9 puntos, superior por ejemplo a economías como la estadounidense, la de la zona euro o la del vecino México. Sin embargo, no es suficiente y la fría realidad lo confirma diariamente.

La infraestructura

Para nadie es un secreto el deterioro de las carreteras y las dificultades en la infraestructura productiva en general, situación que repercute en toda la cadena. Quien debe trasladar sus productos desde áreas rurales, enfrenta la pésima condición de los caminos rurales; quien lleva artículos desde el centro de un municipio hasta un punto fronterizo se ve agobiado por inseguridad, carreteras en mal estado y por las constantes manifestaciones que detienen su camino (más de 1 mil 200 bloqueos y manifestaciones en 2016, según datos de la Policía Nacional Civil).

Y cuando, finalmente, los productos llegan al punto fronterizo, deben someterse a los tardíos procesos aduaneros por diferentes aspectos logísticos (como semáforos para inspecciones, revisiones duplicadas por autoridades o simple carencia de personal de las instituciones públicas a cargo). Si los productos son perecederos, la agonía es aún mayor.

“Este año, se debe fortalecer la inversión pública, la red vial está deteriorada, si lo hacen habrá más flujo en carreteras, traslado de bienes y servicios. La productividad sería más fácil si hubiera buenas carreteras. Eso reactivará la inversión privada”, manifestó la Coordinadora del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (DICE-ASIES), Claudia García.

El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, ha propuesto, primero, aumentar la ejecución en 2017, y segundo, una serie de libramientos carreteros e infraestructura de peaje.

“Necesitamos carreteras para sacar hortalizas, todas las fronteras deben estar en buen estado. Inauguraremos el puente El Jobo el 12 de febrero”, responde al cuestionársele al respecto. El CIV planea en total cinco libramientos carreteros con peaje, además de Q 800 millones para limpieza, bacheo y puentes, a estos últimos se les priorizará, aseguró el funcionario.

Las leyes

El año inició con buen pie en materia legal. El Congreso de la República aprobó en su primera sesión plenaria dos decretos que fortalecen la atracción de inversión y el comercio exterior: se ratificó el Acuerdo de Facilitación del Comercio y el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre el segundo, que abre la posibilidad a formalizar el empleo a tiempo parcial, beneficiando a estudiantes, madres y a quienes incluso desean un segundo ingreso, Casasola comentó que su ratificación debiera “darle un lineamiento al Ministerio de Trabajo para cuando se hagan los reglamentos, en cuanto a la manera en que se normará o trabajará esa ley”.

La reglamentación de leyes ha retrasado su propia implementación. Por ejemplo, la Ley Emergente de Conservación del Empleo, aunque se decretó en 2016, fue hasta inicios de 2017 cuando se aprobó su reglamento.

El CACIF abordó el tema en su primera conferencia de prensa. “Durante 20 años el Estado ha incumplido sobre el establecimiento de reglamentación de consultas a pueblos indígenas, lo que hace imposible su aplicación”, dijo el presidente de la gremial, José González-Campo, al referirse a otro convenio ratificado con anterioridad, pero sin reglamento, el 169 de la OIT.

La reacción del ese conglomerado empresarial, se dio tras una serie de decisiones de las cortes del país, las cuales ordenan la realización de consultas comunitarias retroactivas sobre proyectos de energía eléctrica que llevan hasta 20 años de inversión. Cuatro hidroeléctricas se han visto afectadas.

“Exigimos al Estado por medio de sus tres poderes, que reglamente de una forma pronta, adecuada y positiva, las consultas del Convenio 169 de la OIT”, recalcó González-Campo.

El analista del CIEN también puso sobre la necesidad de las leyes de Factoraje y de Garantías Mobiliarias, así como sus respectivas reglamentaciones. Aunque contrastó: “yo sí diría que más que del Organismo Legislativo, el mayor trabajo pendiente está del lado del Organismo Ejecutivo y el tipo de acciones concretas que se darán”.

La delegada del CACIF, coincidió en que la agenda para este año debiera incluir las leyes de Garantías Mobiliarias, además de las de Competencia y de Leasing. “Son leyes imprescindibles para la productividad del país. Podrían ayudar a que crezcamos, pero no sólo crecer, es que también es importante la certeza jurídica”, acotó.

Un aspecto legal más que es oportuno mencionar, sobre todo en un entorno de incertidumbre ante la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, es la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, un destino de exportación que creció en alrededor del 50 por ciento el año pasado. A decir de Nikki Bahr L., Presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense, “el TLC con Canadá es estratégico para fomentar el comercio, país con el cual ya tenemos una balanza comercial positiva, y para capitalizar sobre la inversión extranjera”.

El Estado de derecho

Guatemala ocupó el puesto 97 de 113 en el Índice de Estado de Derecho, realizado por World Justice Project (WJP). Haciendo un enfoque regional, tiene el puesto 26 de 30.

“La seguridad, la corrupción, están afectando la productividad de país. Es imprescindible que se dé la certeza jurídica para atraer la inversión y capital productivo”, respondió al ser consultada sobre el tema Claudia Galán.

Casasola por su parte apuntó que hay dos decisiones importantes que el Gobierno deberá tomar este 2017: qué pasará con TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal) y con el caso de corrupción regional, que también afecta a Guatemala, de Odebrecht. “Mientras no se resuelvan esos casos, generan una parálisis en temas de infraestructura que Guatemala adolece. La meta debería ser que haya decisión”, precisó.

Cualquier inversionista busca que las reglas del juego sean claras, por ello también los rumores de una nueva propuesta de reforma fiscal (tras la fallida del año pasado), generan incertidumbre.

“Creo que, por lo menos, es importante aclarar si habrá una o no, dejarlo muy claro para que no afecte la expectativa que tienen muchos empresarios. Si se hará, deben decir cómo se harán las consultas, es un tema que no debe manejarse en lo secreto porque hay inversiones en espera hasta que no se aclare a qué sector, actividad y de qué manera se afectará”, mencionó Casasola.