Guatemala, 28 feb (DE).- Una de las fortalezas competitivas de Guatemala, es el costo de la energía eléctrica, al menos por ahora. Las constantes acciones legales han puesto en suspenso a varias hidroeléctricas, mermando la posibilidad de generación limpia de electricidad en el país, incrementando su costo y poniendo en riesgo puestos de trabajo, entre otras consecuencias.

De acuerdo al ministro de Energía y Minas, Luis Chang, sin la generación hidroeléctrica, el costo de ese servicio subiría hasta doce veces. “El precio Spot actual de la energía se cotiza en US$ 60 dólares el megavatio, la fluctuación podría llegar a precios de US$ 630 dólares el megavatio”, explicó.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), estudió las consecuencias del cierre de esa fuente de electricidad para el país. Entre los hallazgos también está que se racionaría el suministro, tal como sucedió en la crisis energética de la década de los 90.

“Caer en una situación de déficit energético impacta directamente la economía nacional puesto que, al no existir certeza de abastecimiento, éste aumentaría el riesgo de quedarse sin energía en las distintas industrias instaladas en el país y aquellas que se prevea instalar”, detalla el informe del MEM.

Además, las autoridades estimaron que el 77 por ciento de la canasta básica alimentaria sufriría un impacto directo en su precio, tales como lácteos, bebidas y todos aquellos que necesiten refrigeración para preservarlos.

Por otro lado, el efecto sería adverso para el sistema bancario nacional, derivado a que alrededor de US$ 1 mil 700 millones de estos proyectos están siendo financiados por bancos del sistema.

Al retirar el 20 por ciento de la generación hídrica del parque nacional, se perderían US$ 1 mil 078 millones en inversión directa, 1 mil 905 megavatios al año, 16 mil puestos de trabajo temporales y rotativos, y US$ 18.5 millones en inversión social que afectaría a 39 mil personas de 44 comunidades con 14 programas sociales.

“Esto es preocupante para el MEM, ya que, si bien en el país no existe una reglamentación sobre las Consultas a los Pueblos Indígenas, estamos en la viabilidad de trabajar en conjunto para solventar esta problemática. Tenemos una metodología propuesta que ha sido implementada en proyectos hidroeléctricos, ello corresponde a una ruta para buscar acuerdos y consensos de buena fe, como manda el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”, enfatizó el funcionario.