Por: Fernando Coronado Castillo, Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático

En diciembre de 2,015 durante la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climatico celebrada en Paris, 195 países suscribieron el primer acuerdo mundial sobre el clima, preocupados por contener en el mediano y largo plazos, el incremento de la temperatura promedio por debajo de los 2° centígrados y en la medida de lo posible 1.5° centígrados respecto a la temperatura promedio preindustrial.

Este Acuerdo multilateral también pretende visualizar la importancia de los efectos negativos del cambio climático para el planeta, evidenciando que es necesario invertir en una economía más limpia, es decir, menos contaminante y baja en emisiones. Así mismo, advierte sobre la necesidad de que los países más desarrollados apoyen financiera y técnicamente a los países más vulnerables y menos desarrollados que normalmente son los más afectados por las variaciones adversas del clima. En otras palabras, se trata de hacer más sostenible el planeta, nuestro hogar compartido e intensificar los esfuerzos en mitigación por medio de la reducción de gases de efecto invernadero (GEI´s) y adaptación a los efectos adversos del cambio climatico.

Guatemala en su Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) se comprometió ante el mundo de manera no condicionada a reducir con recursos propios para el año 2,030 hasta un 11 por ciento de sus emisiones de GEI´s proyectadas (53.85 Toneladas de CO2 eq.) y de manera ambiciosa hasta el 22 por ciento, pero condicionada a soporte financiero con asistencia de organismos internacionales.

En ese sentido, para detener los procesos de deterioro y contaminación del ambiente, el incremento de la temperatura y la degradación de nuestro patrimonio natural, pero, ante todo, reducir los riesgos para la población y la infraestructura critica del país, el Estado de Guatemala a pesar de sus limitaciones, ha dado serias muestras ante el mundo para responder ante este flagelo climático, iniciando con un marco de política, regulatorio y normativo para enfrentar este problema común.

Desde el año 2,009 por medio del Acuerdo Gubernativo número 329-2009, se aprobó la Política Nacional de Cambio Climatico con la finalidad que el Estado adoptara medidas preventivas para reducir vulnerabilidad y mejorar la adaptación a la variabilidad climática.

Posteriormente, en 2013, el honorable Congreso de la Republica, promulgó el Decreto número 7-2013 que contiene la “Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climatico y la mitigación de gases de efecto invernadero”.

Y más recientemente, a finales de 2016 se aprobó con observaciones y sujeto a revisión por el Consejo Nacional de Cambio Climatico el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC), instrumento que permitirá orientar todos los esfuerzos nacionales en acciones tanto de adaptación como en mitigación para el cumplimiento de los objetivos de la ley en todos los sectores vulnerables.

Para nuestro país los problemas son infinitos, el reto es grande pero no debemos ser pesimistas, existen grandes oportunidades para todos los sectores del país, desde modificar nuestros sistemas de producción a modelos amigables bajos en emisiones, hasta el cambio de nuestros patrones de consumo a nivel personal.

Por otra parte, para para países con economías emergentes, existe la alta posibilidad de acceso a recursos de la cooperación internacional para el financiamiento climatico de programas y proyectos.

Ante la disposición de todos los países para reducir las emisiones globales, la posibilidad de atraer inversión externa para proyectos de movilidad más eficiente, generación energética con fuentes renovables y la adopción de otros sistemas de producción más sostenible también son parte de las oportunidades.

Actualmente, con apoyo de organismos financieros internacionales como Banco Mundial, BID, GEF y KfW y de agencias de cooperación como PNUD y GIZ, por mencionar algunas, ya se implementan programas y proyectos para adaptación y en mitigación en diferentes regiones del país.

Finalmente, desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que dirige el doctor Sidney Samuels y desde este Despacho, el trabajo está orientado a cumplir con los objetivos institucionales, observando el principio de legalidad, transparencia y de sostenibilidad, teniendo muy claro que el cuidado del ambiente y de nuestro patrimonio natural es una responsabilidad de todos, sin embargo, como MARN estamos interesados en el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan con la protección, conservación y cuidado del patrimonio natural en armonía con un desarrollo resiliente más integral y sostenible para beneficio de todos los guatemaltecos, pero pensando también en el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano y con disponibilidad de bienes naturales para atender sus necesidades.

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