Panamá, 11 jun (PL).- Controversias entre agricultores y sectores importadores marcan hoy el apoyo y rechazo parcial a la reforma legal para poner freno a las compras descontroladas como efecto negativo de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

La adquisición de alimentos en el mercado exterior, que lacera intereses de los productores locales, es el origen de la ley que modifica las funciones de la reguladora Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa), entidad estatal sanitaria y fitosanitaria, cuyo alcance actual es limitado.

Mientras los productores del granero panameño ubicado en Chiriquí, en el extremo occidental del país, pidieron al presidente Juan Carlos Varela la firma de las reformas con el apoyo de la local Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (Cciach), su homóloga Ccia, de Panamá, solicitó nuevamente el veto.

“Insistimos en que nuestro país necesita una estrategia nacional para el desarrollo del sector agropecuario, donde esté plasmado el compromiso de todas las partes, productores, industriales, comerciantes y Gobierno, todo esto respetando los acuerdos internacionales de los que Panamá es signatario”, afirmó Inocencio Galindo, presidente de Cciap.

“El plan estratégico del Gobierno señaló la reactivación del sector agropecuario y el respaldo al productor nacional como prioridades para garantizar la seguridad alimentaria, tarea que continúa pendiente y arrastra los efectos de décadas de abandono”, apuntó el directivo.

Este gremio, que en 2015 también rechazó la propuesta, está convencido de que se deben crear los mecanismos necesarios para que los productores puedan innovar y aplicar tecnologías que les permita ser más eficientes para satisfacer la demanda local y garantizar la seguridad alimentaria de Panamá.

Otra opinión tiene la también empresaria María Isabel Anguizola, presidenta de Cciach, quien confirmó que enviaron una nota a Varela, en la cual explicaron que el proyecto de ley fue consultado y consensuado entre todas las partes que participaron de la discusión.

En la misiva añadieron que su aplicación minimiza en gran medida los riesgos a la salud pública y da paso a la revisión de leyes y convenios entre nacionales que promueven el comercio en detrimento de la población, además, niega que viole artículos o convenios internacionales.

Igualmente, promueve la aplicación en cumplimiento de normas protectoras de la inocuidad fito y zoosanitarias de los alimentos importados y favorece la actualización de todos los mecanismos que ayudan a perfeccionarlos, según la Cciach.

Si el Presidente de la República no cumple con la sanción de esta ley, llevaría al sector agropecuario del país a desaparecer, aseveraron productores chiricanos al diario Panamá América.

El proyecto de ley garantizaría a los agricultores que no habrá importaciones durante la época de cosecha y se garantice los mercados a la producción nacional, opinó Víctor Watts, del Frente Pro Rescate del Sector Agropecuario, según el rotativo.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here