En el comercio internacional, el transporte marítimo ha constituido hasta hoy en día el medio más efectivo, económico y con mayor capacidad para el traslado de grandes volúmenes de mercancías.

Por: Ana Contreras – asesora legal de AGEXPORT

El sistema portuario guatemalteco se conforma por cuatro puertos, de los cuales tres están activos para comercio internacional y son administrados por empresas públicas que rigen su actuar de acuerdo a su ley orgánica. Sin embargo, estos no operan eficientemente, falta coordinación entre ellos, ya que cada uno cuenta con su propio marco regulatorio, lo que los hace diferentes en sus sistemas operativos y administrativos, así como en sus requisitos documentales para los usuarios, los planes tarifarios que presentan y en la clasificación de servicios portuarios.

En ese sentido, se hace necesario contar con una normativa que establezca la política portuaria nacional, uniformando así la administración de las terminales.

Esa necesidad ha llevado a discusión la creación de un anteproyecto de ley para la creación de una autoridad portuaria nacional, que regule y generalice todos los servicios, estandarizando sus costos, contribuyendo a la eficiencia y competitividad de los puertos. Ese diálogo fue convocado por la Comisión Portuaria Nacional y participan los usuarios, a través de diferentes instancias.

De momento, la iniciativa propone transformar a la actual delegación estatal a cargo de la coordinación y enlace portuario del país, que es la propia Comisión Portuaria Nacional, en una nacional. Ésta sería un órgano rector, autónomo, sectorial, tecnificado y especializado en la materia, que aplicaría una regulación técnica a las empresas portuarias e incluiría normas y lineamientos para sus operaciones y funcionamiento.

El nuevo ente además buscaría homologar procesos, promoviendo la libre competencia en concordancia con los convenios y tratados internacionales de los que Guatemala es parte.

Este proyecto se encuentra en análisis y aún no ha sido presentado como iniciativa ante el Congreso de la República.

Para que este instrumento responda verdaderamente a la problemática existente y se promueva la competitividad del sector portuario del país, deberá contemplar cambios estructurales y derogatorias de las leyes orgánicas de los puertos, para no generar una contradicción y confusión normativa. Además, deberá establecer mecanismos de evaluación y desempeño y determinar el perfil del personal que labore para esta institución, principalmente el de la autoridad superior, para que responda a aptitudes y capacidades técnicas y especializadas en la materia, evitando así nombramientos arbitrarios o politizados.

Los puertos nacionales deben ser unidades logísticas de flujo de mercancías, dinámicos y adaptables a los cambios y exigencias del mercado internacional, cumpliendo con los estándares de calidad en la prestación de sus servicios, por lo cual los esfuerzos en torno a construir un instrumento legal que reconozca estos aspectos y facilite el comercio son positivos y de beneficio para el país.